Bogotá, 18 de febrero de 2018
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos -ONU Derechos Humanos- y la Agencia de la ONU para los Refugiados –ACNUR- manifiestan su preocupación por los hechos de desplazamiento forzado interno y las violaciones de derechos humanos que se han presentado en las últimas semanas en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño.
ONU Derechos Humanos y ACNUR manifestamos nuestra preocupación por la persistencia en el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades campesinas de las zonas rurales del municipio de Cáceres (Antioquia), que hasta la fecha y desde el 19 de enero del presente año ha afectado por lo menos a 822 personas, (461 adultos y 361 niños, niñas, adolescentes). Estos hechos reiterados de desplazamiento afectan el día de hoy a las comunidades de las veredas Anará, San Francisco, Bejuquillo, que se suman a las ya afectadas en El Tigre, Ponciano, Alto Tamaná, Campanario y El Calvario.
A su vez, quienes suscribimos este comunicado expresamos nuestra alarma por el incremento en el número de homicidios en el Bajo Cauca, que a la fecha, de acuerdo con cifras oficiales, supera en más del 255% la cifra del mismo periodo del 1 de enero hasta el 14 de febrero del año inmediatamente anterior.
En el Bajo Cauca estamos observando violaciones de derechos humanos, tales como: amenazas y atentados en contra de la vida e integridad de personas civiles, violaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, y afectaciones a principios y prácticas ancestrales del pueblo indígena Senú en su territorio.
La situación de riesgo de las comunidades del Bajo Cauca Antioqueño ha sido advertida ya por la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana de inminencia 009 del 22 de enero de 2018.
Reconocemos el esfuerzo que la institucionalidad ha realizado hasta la fecha para responder a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. No obstante, observamos que la situación continúa empeorando.
Instamos al Estado a que evalúe la efectividad en la implementación de la política de prevención y protección de las personas, pues hasta ahora las medidas adoptadas han sido insuficientes para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia. En especial, urgimos a que el Estado garantice que los recursos humanos y económicos sean suficientes para atender la emergencia humanitaria actual y para generar condiciones de respeto por los derechos humanos y de seguridad humana.
Adicionalmente, hacemos un llamado para que se inicie con carácter urgente una estrategia de respuesta integral de prevención, protección y garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos, específicamente para el Bajo Cauca.
Para desenredar la madeja de violaciones en Bajo Cauca, y así poder garantizar el restablecimiento de derechos de las comunidades y pueblos en sus territorios en condiciones de vida digna, recomendamos que el desarrollo de la estrategia que se adopte inicie con un análisis de factores como: la corrupción, la pobreza, la falta de participación política y la falta de acceso a servicios básicos en la zona. Además el Estado debe tomar en cuenta que la implementación de dicha estrategia debe ser sostenida a largo plazo y lograr la articulación entre las autoridades del orden local, departamental y nacional.
