El pasado 28 de abril, el pueblo colombiano salió a las calles en demanda de condiciones de vida justas, en contra de la reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque y en la exigencia de un país en paz con justicia social.
Desde entonces se encuentran en Paro Nacional indefinido y desde entonces, la respuesta del Gobierno ha sido una brutal represión contra las personas que legítimamente están ejerciendo su derecho a la protesta, exigiendo una vida digna y el respeto a los Derechos Humanos.
En un sistema democrático uno de los derechos fundamentales es el de la protesta social y éste debe de ser respetado y garantizado por el Estado.
Debe garantizarse la reivindicación pacífica tanto de las demandas sociales por un sistema tributario justo y progresivo que permita cubrir las necesidades básicas de la población, como en las que exigen un desarrollo real e integral de los Acuerdos de Paz, fundamental para el avance hacia una paz estable y duradera.
Según diversas plataformas desde el inicio del Paro Nacional se reportan múltiples casos de violencia policial, personas asesinadas y heridas, detenciones arbitrarias, violencia sexual por parte de la Fuerza Pública, siendo muchas las imágenes grabadas con vídeos caseros en las diversas ciudades del país que no dejan lugar a dudas y muestran a una Fuerza Pública que usa armas de fuego contra una población, en una represión violenta e indiscriminada.
Ante esto, no podemos permanecer callados.
La población colombiana está siendo reprimida, perseguida, herida y asesinada por la Fuerza policial y por tanto debemos recordar al gobierno que es su responsabilidad proteger y garantizar los Derechos Humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica.
Por todo ello:
– Denunciamos la represión brutal e injustificada contra quienes legítimamente protestan en las calles.
– Instamos al Gobierno de Iván Duque que proteja y garantice el ejercicio de los Derechos Humanos de toda la población colombiana.
– Demandamos el esclarecimiento de todos los hechos de violencia protagonizados por la Fuerza Pública y que se definan las responsabilidades que correspondan, tanto en los niveles oficiales de las mismas como en aquellos gubernamentales que han dado estas órdenes.
– Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que han sufrido y sufren las consecuencias de la criminalización de la protesta.
– Denunciamos la utilización por parte de grupos ajenos a las movilizaciones del momento de escalada de la violencia para saquear y atacar bienes comunes y también la utilización de estos actos para criminalizar la protesta social.
– Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de Colombia en sus justas demandas por una mejora verdadera de sus condiciones de vida y en sus exigencias de un país en paz con justicia social.
– Solicitamos a la comunidad internacional que realice expresiones de solidaridad con el pueblo colombiano, así como las acciones diplomáticas y políticas necesarias ante el Gobierno de Iván Duque para el fin de la represión y el respeto de los Derechos del pueblo de Colombia.
Intergrupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia.
Vitoria-Gasteiz, 11 de mayo de 2021.
