Bakatá, 23 de febrero de 2023.
Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), como autoridad Nacional de gobierno propio, junto a su Consejería de Derechos d
e los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, hacemos el siguiente pronunciamiento: RECHAZAMOS Y CONDENAMOS la violación de derechos humanos en contra de 12 familias de la comunidad indígena Tsabilonia del Pueblo Sikuani. Los hechos se presentaron el día de hoy 23 de febrero de 2023, cuando el señor Ruben Vicente Aguilar (Catire) presidente de la UNUMA fue detenido junto con su familia de manera ilegal por miembros de la Policía Nacional.
En medio de la detención fue víctima de maltrato y abuso por parte de los uniformados. Miembros de la Policía Nacional y personal del ESMAD ingresaron de manera violenta al territorio en donde se encontraban las familias de la comunidad, provocaron múltiples incendios y atacaron a la población a través del uso de gases lacrimógenos ocasionándoles graves afectaciones en su integridad física. A pesar de la presencia de mujeres indígenas en estado de embarazo, niños, niñas y adultos mayores, la Policía Nacional y el ESMAD no tuvo respeto alguno por los Derechos del pueblo indígena y el territorio sagrado.
En este momento se encuentra desaparecidos un adulto y un menor pertenecientes al pueblo indígena Tsabilonia. La intervención ilegal del Estado surge producto de la oposición de líderes del pueblo indígena a ser desalojados del territorio ancestral pues están amparados bajo una medida cautelar contenida en el Decreto 2333 de 2014 de la Agencia Nacional de Tierras y una decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que los reconocen a ellos como dueños de ese territorio ancestral.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) – Como Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, en cabeza de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz DENUNCIAMOS y EXIGIMOS de manera URGENTE el RESPETO por parte de la Alcaldía de Puerto Gaitán (Meta) y el CUMPLIMIENTO INMEDIATO de las medidas cautelares contenidas en el decreto 2333 de 2014 de la Agencia Nacional de Tierras y la decisión No. 11001311800120220018512 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. EXIGIMOS a la fiscalía general de la Nación que investigue con carácter urgente los hechos que se mencionan para establecer los responsables, pero además, que se dé con el paradero de las personas desaparecidas.
EXIGIMOS a las demás autoridades como lo son: Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Alta Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional y a las demás instituciones existentes a nivel nacional e internacional que en el marco de sus competencias, intervengan el asunto para detener la delicada situación de derechos humanos sufrida en el territorio.
Hacemos un llamado a la Defensoría del pueblo, y a los órganos multilaterales como MAPPOEA y ONU a que acompañen este caso y en el marco de sus funciones realicen las debidas solicitudes al Estado colombiano para que atienda la situación de inmediato con enfoque étnico diferencial para contrarrestar y prevenir las constantes vulneraciones sobre los derechos humanos de nuestros compañeros indígenas.
¡Cuenten con nosotros para la Paz, nunca para la Guerra!
