Bogotá D.C., 14 de marzo de 2014
La Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, a través de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz, denuncia y rechaza rotundamente las amenazas proferidas contra los compañeros indígenas Nelson Lemus, consejero mayor del CRIC y Luís Alfredo Acosta, coordinador de la Guardia Indígena Nacional; y se permite informar por medio del presente escrito a todas las entidades competentes las graves situaciones de vulneración de derechos, de las cuales son víctimas el Pueblo Nasa y su dirigencia indígena, por los hechos descritos a renglón seguido:
Hechos:
El pasado 21 de febrero de 2014, el equipo de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, realizó una visita de acompañamiento al resguardo indígena de Jambaló, en la vereda Guayope, con el fin de verificar la situación humanitaria en la zona debido a combates ocurridos entre las FARC – EP y el Ejército Nacional.
A manera de contexto, es relevante señalar que desde hace dos años la comunidad ha sido amenazada con mayor intensidad por las FARC – EP, y desde hace un mes se ha visto gravemente afectada por el fuego cruzado, derivado de los combates entre este grupo insurgente y el Ejército Nacional.
Así mismo, se identifica dentro de los motivos de las amenazas en contra de la comunidad el ejercicio del Derecho a la Autonomía y al Gobierno Propio, materializado en la restricción de la entrada del narcotráfico y la guerra en el territorio.
Teniendo en cuenta la situación descrita, el consejero Nelson Lemus y Luís Alfredo Acosta manifestaron en asamblea pública su rechazo frente a la situación de vulneración de derechos humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario que afectan la vida e integridad personal del Pueblo Nasa, y responsabilizaron a los grupos armados legales e ilegales (Ejercito Nacional y FARC -EP) de la crisis humanitaria generada y las graves afectaciones derivadas del conflicto armado en la zona.
En los días subsiguientes, y por las denuncias públicamente efectuadas, la milicia de las FARC – EP inicia indagación sobre las rutinas diarias, sitios frecuentados, lugares de permanencia del consejero Nelson Lemus, Luís Alfredo Acosta y sus núcleos familiares.
A la fecha se tiene conocimiento de amenazas de muerte en contra de ambos líderes, poniendo en riesgo, no sólo la vida e integridad personal de los mismos, sino la de sus respectivos núcleos familiares y del pueblo indígena Nasa.
Las amenazas anteriormente relacionadas se suman a las ocurridas en épocas anteriores, derivadas del accionar de actores armados ilegales; motivo por el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a los dirigentes y líderes Nasa en mención.
Los escenarios de vulneración de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, preocupan por su sistematicidad y por las profundas afectaciones que implican el riesgo por la vida de los dos dirigentes indígenas, sino las amenazas al ejercicio de resistencia y reivindicación de derechos en cabeza del Movimiento Indígena de Colombia.
Solicitudes:
Teniendo en cuenta la gravedad del panorama previamente descrito, el cual se suma a las múltiples y profundas afectaciones que en el marco del conflicto armado han socavado los derechos de los Pueblos Indígenas, y entendiendo que este tipo de circunstancias representan un riesgo extremo que redunda en afectaciones individuales y colectivas, la ONIC solicita:
A la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que se efectúen a la mayor brevedad posible todas las gestiones pertinentes en aras de reforzar las medidas de protección del Consejero Mayor del CRIC Nelson Lemus y del Coordinador de la Guardia Indígena Nacional Luís Alfredo Acosta, y se otorguen medidas de protección a sus familias, teniendo en cuenta los parámetros establecidos al respecto en el Decreto Ley 4633 de 2011, el Decreto 4912 de 2011 y las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009 y demás autos relacionados.
A la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que se analicen los niveles de riesgo que a la fecha afronta la dirigencia indígena del CRIC, en el marco de procesos de defensa de sus derechos, en especial territoriales y denuncias de vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y se estudie la posibilidad de otorgar medidas de protección colectivas, según la gravedad del riesgo identificado.
A la UARIV, para que en el marco de sus competencias y observancia del Decreto Ley 4633 de 2011, a nivel departamental y municipal, despliegue la atención necesaria para generar todas las garantías tendientes a salvaguardar la vida e integridad personal del Consejero Mayor del CRIC, Nelson Lemus y del Coordinador de la Guardia Indígena Nacional, Luís Alfredo Acosta y sus respectivas familias.
A la Fiscalía General de la Nación, para que en ejercicio de las competencias constitucional y legalmente otorgadas, inicie las investigaciones pertinentes que conduzcan a la individualización de los responsables de las amenazas proferidas en contra de la dirigencia indígena del CRIC, para su respectiva judicialización y sanción.
Al Ministerio del Interior, para que a la mayor brevedad posible realice los trámites pertinentes para que se convoque con carácter URGENTE, y de manera concertada, una visita de verificación para revisar la situación que a la fecha afrontan los líderes y lideresas indígenas del CRIC.
Al Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personería Municipal), para que direccione todos los esfuerzos necesarios en aras de garantizar que las entidades e instituciones competentes, a la mayor brevedad posible, protejan los derechos de la dirigencia indígena del CRIC y del Pueblo Nasa, vulnerados por los hechos descritos.
Al Programa Presidencial para la Formulación de Estrategias y Acciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Colombia, para que dentro del resorte de sus funciones promueva que las entidades competentes en el presente caso atiendan de forma integral a las comunidades indígenas afectadas.
A las agencias internacionales (ACNUR, OACNUDH, PNUD, CIDH, entre otras), Corte Constitucional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás organizaciones de la sociedad civil (CODHES, CCJAR, INDEPAZ, entre otras), solidarias con los pueblos indígenas, para que en el marco de sus funciones misionales exijan al Estado Colombiano realice las acciones necesarias para garantizar y proteger los derechos del Pueblo Indígena Nasa.
CONSEJERÍA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, DERECHOS HUMANOS, DIH Y PAZ
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA – ONIC
