Bakatá, 08 de abril de 2024. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), como autoridad Nacional de gobierno propio, junto a su Consejería de
Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz RECHAZAMOS los hechos de amenaza y extorsión contra las autoridades indígenas del Cabildo Nasa Yumbo por parte del EMC de las FARC y el uso excesivo de la fuerza policial.
Los hechos se presentaron el día 03 de abril de 2024, “siendo aproximadamente las 07:20 pm en las oficinas del cabildo indígena ubicado en el barrio Madrigal de Yumbo; cuando un individuo de aspecto joven vestido de civil, con saco negro deportivo y después de tocar la puerta se aproxima a la ventana, y se identifica como miembro de la columna móvil Jaime Martínez del Estado Mayor de las FARC, que opera en el Valle del Cauca y exige una fuerte suma de dinero y amenaza de declarar
objetivo militar al resistirse a depositar el aporte para la guerra”.
El pueblo indígena Nasa, ha venido siendo víctimas de amenazas, extorsiones, atentados y demás hechos victimizantes, por parte de la columna Jaime Martínez, que afectan la armonía del pueblo indígena y agudiza la crisis de violencia del cual son víctimas los Indígenas en Colombia, y que a la fecha son causantes del riesgo de exterminio.
Así mismo, rechazamos el uso desmedido de la fuerza y abuso de autoridad de la Policía Nacional de Yumbo, y exigimos a la autoridad competente que investigue los hechos ocurridos el día 05 de abril de 2024, cuando una patrulla de la policía, haciendo uso de armas de fuego dispara contra la humanidad de los comuneros Plinio Chirimuscay y Juan David Chirimuscay quien resulta lesionado al caer por el risco del río Cauca cuando intenta evadir los disparos.
Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia DENUNCIAMOS estos hechos y EXIGIMOS de manera URGENTE a todos los entes de control Nacional e Internacional como lo son: la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Alta Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional, Policía Nacional y a las demás instituciones existentes a nivel nacional e internacional que en el marco de sus competencias intervengan en el asunto para detener la situación de riesgo y amenaza de nuestros lideres indígenas.
