Bogotá D.C., 22 de mayo de 2015
Cuando hablamos de pervivencia y recalcamos el riesgo inminente de extinción que afrontamos los 102 Pueblos Indígenas de Colombia, resulta imperativo pensar en la salvaguarda de la niñez indígena como máxima garantía de proyección de vida física y cultural, para los más de 67 Pueblos que estamos abocados a la desaparición. Esta realidad implica reconocer la vulnerabilidad de este grupo poblacional y la necesidad de rechazar todos y cada una de las acciones que afecten la integridad, salud y vida de niños, niñas y adolescentes indígenas.
Para la Organización Nacional Indígena de Colombia, resultan desconcertante y a la vez dolorosos los hechos recientes de captura y encarcelamiento de Walter Enrique Arias Ariza. Desde la ONIC lo conocíamos como persona y profesional a través de su hoja de vida, su labor como comunicador y el proceso exhaustivo de denuncia y comunicación de graves situaciones afrontadas por los Pueblos Indígenas en Colombia, muchas de las cuales incluyen vulneraciones de DDHH e infracciones al DIH, garantizando la documentación audiovisual y visibilización de las mismas.
Como Autoridad Indígena del Nivel Nacional, hemos abanderado la defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, a través de campañas, investigaciones, denuncias y acciones jurídicas y de movilización, presentadas en instancias nacionales e internacionales; hemos visibilizado las profundas vulneraciones que nos han afectado sistemáticamente, las cuales a todas luces comprende una práctica etnocida y hemos exigido la salvaguarda de los derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas, víctimas de todo tipo de vejámenes producto de una amplia gama de violencias identificadas en los territorios y por fuera de los mismos. Resulta evidente que jamás permitiríamos u ocultaríamos conductas como las que sustentan la captura referenciada; rechazamos y denunciamos los delitos que afectan a la niñez y juventud indígena, con especial énfasis en aquellos que guardan relación con la integridad sexual y consideramos que en los mismos deben garantizarse procesos transparentes que propendan por la justicia y la no impunidad. Eso es lo que exigimos en este caso.
Así las cosas, demandamos a las autoridades judiciales y de investigación competentes, Ministerio Público y demás entidades competentes que, de encontrarse pruebas fehacientes que determinen la existencia de tan graves hechos, se otorgue la sanción a la que haya lugar de acuerdo a los cánones penales establecidos y con la severidad requerida; garantizando la salvaguarda y atención a las niñas indígenas presuntamente afectadas. Lo anterior, claro está, observando en todo momento y actuación los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.
Hacemos un llamado urgente al Estado colombiano, a las entidades e instituciones encargadas y obligadas de salvaguardar los derechos humanos y fundamentales de la niñez y juventud indígena; para que con la celeridad y diligencia requeridas se concreten acciones y soluciones de fondo frente a las realidades de violencia sexual, trata de personas, desnutrición, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, confinamiento, entre otros hechos victimizantes, que se afrontan en nuestros territorios y que atraviesan las vidas de nuestros pueblos, abocándonos al exterminio progresivo.
Por último hacemos un llamado a las autoridades indígenas para que aunando esfuerzos a través de escenarios de articulación con la justicia ordinaria, se investiguen, tramiten y sancionen los casos en los cuales niños, niñas y adolescentes resulten afectados(as); propendiendo por la salvaguarda de sus vidas e integridad personal, como principio y sustento máximo de la vida misma de los Pueblos Indígenas.
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA (ONIC)
Luis Fernando Arias Arias, Consejero Mayor ONIC, celular 3183501737.
Carmen Rosa Guerra Ariza, Celular 311 435 8499
Silsa Arias, celular 3182174569.
Comunicaciones ONIC, Álvaro Piranga Cruz, celular 3174351521.
