Las organizaciones y personas abajo firmantes rechazamos las amenazas que organizaciones sociales del Tolima recibieron el pasado 30 de septiembre por parte del grupo paramilitar Águilas Negras.
En Cajamarca, Tolima, la empresa Anglogold Ashanti Colombia ejecuta el proyecto exploratorio para minería aurífera La Colosa, lo cual ha motivado un importante movimiento social que defiende el territorio y las aguas del departamento.
Los hechos:
1. El 30 de septiembre de 2015, las organizaciones Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima, el Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca COSAJUCA, La Unión Campesina, la Corporación Conciencia Campesina y la Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Rio Anaime APACRA; recibieron un correo firmado por las Águilas Negras donde amenazan la integridad de algunos de sus miembros.
2. Durante los meses de junio y julio del presente año, los integrantes de la Red de Comités Ambientales del Tolima habían recibido otras amenazas por parte de grupos paramilitares, lo cual fue denunciado en su momento por organizaciones sociales y de derechos humanos.
3. En febrero del 2013, medios de comunicación y organizaciones sociales del Tolima denunciaron a la empresa Sudafricana AngloGold Ashanti por un mensaje de texto entre funcionarios en el que se estigmatizaba a los campesinos de Anaime-Cajamarca que se oponen al proyecto minero La Colosa, como miembros de la guerrilla, durante una mesa ciudadana convocada por Cortolima.
Estos hechos van en contravía de los esfuerzos de las organizaciones que luchan por la defensa territorial en el departamento del Tolima, amenazando los derechos humanos de activistas que rechazan la presencia y afectaciones que trae consigo la presencia de proyectos mineros como La Colosa sobre su territorio. Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado colombiano.
Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de garantizar la integridad de los miembros de las organizaciones que se han visto amenazados, tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las amenazas, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.
Demandamos:
1. Que el Estado colombiano realice las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de las amenazas
2. Se den las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los miembros de organizaciones que luchan por la defensa del territorio y de los campesinos que se han visto afectados por las acusaciones
3. Que el Estado colombiano no siga privilegiando los derechos particulares de las grandes empresas sobre los derechos colectivos de las poblaciones afectadas por los proyectos extractivistas en todo el país.
Expresa tu apoyo firmando aquí:
