A pesar que el martes 23 de septiembre la Alcaldía Municipal de Barrancas no realizó el desalojo previsto de la comunidad Wayúu de Jamiche, por la presión existente en el caso y el sinnúmero de acciones políticas y legales que se han realizado, lo cierto es que la amenaza de despojo territorial sigue latente.
Esta comunidad ha sido despojada de su territorio ancestral para ser invadido y usurpado por la empresa CERREJÓN, cuyo trabajo minero ha sido uno de los puntos claves para el desabastecimiento de tierras y recursos en el pueblo Wayúu de La Guajira. Igualmente, las omisiones permisivas de las instituciones han agravado la situación cultural, económica y social de este Pueblo Indígena que se ha visibilizado últimamente gracias a las denuncias públicas.
Considerando que la diligencia de desalojo fue “suspendida”, y se realizará en una próxima fecha, solicitamos a las autoridades municipales de Barrancas (La Guajira), así como a las departamentales, nacionales y a la empresa CERREJÓN, para frenar el despojo territorial de la comunidad Jamiche y de otras comunidades Wayúu que son víctimas de estos hechos que aumentan el riesgo de existencia física y cultural.
Compartimos algunos apartes del artículo ‘La comunidad Wayúu que será desalojada por Cerrejón’, publicado el día 22 de septiembre de 2014 en Las 2 Orillas, disponible en: http://www.las2orillas.co/la-comunidad-wayuu-que-sera-desalojada-por-cerrejon:
Este es un capítulo más de la persecución que enfrentan las comunidades Wayúu en La Guajira, pues no es la primera vez que Cerrejón destierra a grupos de esta etnia. En el año 1989 fue también expulsado este mismo grupo con el pretexto de emprender un programa de vivienda obrera que nunca tuvo lugar.
“Nos amenazaron para que saliéramos y desocupáramos voluntariamente porque si no, sería la policía quien nos sacaría a la fuerza y meterían maquinarias para derrumbar nuestras humildes viviendas”, relató Carmen Toro, representante de la comunidad, en el derecho de petición que fue efectuado a la Alcaldía.
Tras la determinación de Cerrejón, la comunidad pidió ayuda al alcalde de Barrancas, Javith Figueroa, para evitar el desalojo, y este manifestó que si se resisten, ordenará que el ESMAD haga el destierro por la fuerza. Así mismo, en comunicación escrita, ratificó y apoyó la decisión de Cerrejón. Priman los intereses privados sobre los de una comunidad vulnerable a la que el Estado debería proteger.
En una reunión del pasado 12 de septiembre, donde estuvieron presentes las empresas productoras de Carbón del Cesar y La Guajira, las firmas compradoras de carbón de Alemania y los sindicatos mineros, los representantes de la comunidad pidieron que les fuera devuelta la tierra que hace parte legal de su zona de resguardo territorial para darle seguridad jurídica. El gerente de Cerrejón, Roberto Junguito, mostró su actitud de diálogo, sin embargo, posteriormente en otra reunión, sus subalternos dijeron que dialogarían siempre y cuando la comunidad se retirara del terreno.
Lo cierto es que mientras estas comunidades, sumidas en la miseria absoluta, no tienen a dónde ir, Cerrejón seguirá adelante con el desalojo en tierras ancestrales de los propios Wayúu.
A pesar de que los habitantes de este territorio han puesto en conocimiento esta situación a la Alcaldía, la Procuraduría y a la Personería Municipal, aún no ha habido pronunciamiento de ninguna de estas instituciones.
Cabe resaltar que los Wayúu enfrentan problemas de desabastecimiento, desnutrición, poca cobertura en salud y falta de agua. Sobre esto último, el expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Armando Valbuena, señaló que el agua de su soberanía fue disminuida por los actos administrativos de las concesiones dadas por Corpoguajira, lo cual llevó a la desviación de los afluentes, la desaparición de las quebradas, manantiales y los caminos de aguas subterráneas, así como la destrucción de la flora y fauna.
A esto se suma que el Cerrejón acapara y utiliza millones de litros del río Ranchería; sin embargo, curiosamente la cobertura de alcantarillado en todo el departamento ni siquiera es del 8 %.
CONSEJERÍA DE TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD – ONIC
