Desde la primera conquista, los Pueblos Indígenas hemos sufrido un proceso de exterminio físico y cultural histórico que se ha recrudecido con el tiempo, a pesar de sus matices y adaptación propios del contexto.
Esas raíces históricas se hicieron cada vez más profundas por efecto del conflicto armado, el narcotráfico y una política de desarrollo voraz que continuamente irrespeta nuestros territorios, autonomía y cultura, los tres pilares de pervivencia e identidad de los 102 pueblos que existen en el país.
Hemos sido, por tanto, víctimas de la negación, la asimilación y la imposición de proyectos de dominación, y de más de cinco décadas de confrontación armada interna, en proporción desmesurada, si tenemos en cuenta que somos el 3.4% de la población.
Entre los años 2002 y 2013, 1.644 homicidios contra mujeres y hombres indígenas, y 88.505 víctimas de desplazamiento forzado fueron perpetrados, sin contar otros crímenes de guerra y lesa humanidad registrados mes a mes por la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz de la ONIC.
De los 102 Pueblos Indígenas, 36 están en riesgo de exterminio físico y cultural, y 31 en proceso inminente de extinción, lo cual señala que casi el 70% de nuestras comunidades deben considerarse sujetos de especial protección internacional.
Pero no queremos hablar bajo esta exclusiva condición. Los Pueblos Indígenas somos, ante todo, sujetos políticos y desde esta dignidad colectiva planteamos las propuestas de paz que garantizan nuestros derechos fundamentales a la vida, al territorio colectivo, la autonomía, la cultura y la defensa de la Madre Tierra, esta casa mayor donde vivimos todos.
Los Pueblos Indígenas somos también tejedores de la paz y la reconciliación de la Nación entera, actores sociales decididos en la construcción del Estado Social de Derecho Democrático, Participativo, Multiétnico y Pluricultural que proyectamos en 1991.
Una reforma constitucional garantista no fue suficiente para vivir en paz, como lo demuestran la historia y las cifras de estas últimas décadas. Corresponde ahora, a quienes hacemos parte de la sociedad civil, proponer una agenda que promueva las transformaciones estructurales que cierren definitivamente o comiencen a cerrar las enormes brechas entre el derecho y la dura realidad cotidiana de inequidad, exclusión y violencia en que vivimos la mayor parte de los colombianos y colombianas.
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