La guardia indígena se encontraba realizando labores de control territorial en el sector de La Luz del resguardo de Tacueyó, cuando llegan tres vehículos con integrantes de la columna Dagoberto Ramos quienes, en irrespeto a la guardia indígena y su ejercicio legítimo, a sangre y fuego dispararon indiscriminadamente, terminando con la vida de la Autoridad Neehwesx Cristina Bautista y los Guardias Asdruval Cayapu, Eliodoro Finscue, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto, así como dejaron heridos al autoridad Neehwe’sx Crescencio Peteche y los Guardias José Norman Montano, Matías Montano, Dora Rut Mesa y Rogelio Taquinas.
Condenamos esta terrible masacre perpetrada en el marco de una estrategia histórica de exterminio físico y cultural contra los pueblos indígenas de Colombia. Rechazamos rotundamente a los actores en armas y les exigimos parar de una vez por todos los asesinatos, las amenazas e intimidaciones.
En segunda medida Aclaramos a la opinión pública que, contrario a lo que dice el comunicado emitido por las fuerzas militares momentos después del suceso, las Autoridades indígenas del territorio nunca contactaron ni coordinaron acciones con la fuerza pública, ya que éstas accionaron de manera independiente.
Nuestro ejercicio de control territorial es autónomo, no cuenta con el apoyo ni la coordinación de la fiscalía, del CTI de la Policía, del Gaula del ejército, ni ninguna entidad del estado. La guardia indígena se encuentra en este momento realizando sus procedimientos de emergencia exclusivamente en el marco del Plan Minga en resistencia, según la orientación de las autoridades y los mandatos de la comunidad.
Las autoridades ancestrales y la guardia indígena no coordina, ni coordinará con la fuerza pública ningún tipo de acción de control territorial, por esto rechazamos estas afirmaciones que ponen en alto riesgo a nuestra autoridad y comunidades.
Como autoridades manifestamos que si bien se han hecho las respectivas denuncias frente a Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Unidad Nacional de Protección, las acciones de los violentos no paran, por el contrario continúan aumentando; muchas veces en las narices de la misma fuerza pública, de tal forma que no la consideramos como garantía de protección, mucho menos en un momento en que se encuentran rodeadas de escándalos como el de Dimar Torres en el departamento de Santander y el joven Jair Trompeta Pavi en Corinto – Cauca.
Necesitamos soluciones por parte del gobierno nacional que respeten nuestra autonomía territorial y nuestra jurisdicción especial, e instamos al ministerio público, a organizaciones internacionales y nacionales defensoras de derechos humanos a que se pronuncien al respecto.
De igual manera convocamos a la comunidad internacional, a todo el pueblo colombiano y demás sectores sociales, a visibilizar nuestro proceso de lucha organizativa, política y social pacífica, así como estar atentos frente al plan de exterminio en contra de nuestro pueblo nasa del norte del cauca y demás sectores sociales de Colombia.
“Cuenten con nosotros para la paz nunca para la guerra”
