Nosotros los Pueblos Indígenas Tikuna, Inga, Kamentzá, Huitoto, Cubeo, Yukuna, Bora, Yagua, Cocama, Murui Muina, Miraña, Koreguaje, Okaina y Muinane reunidos el Primer Encuentro Ambiental de Pueblos, Autoridades y Organizaciones Indígenas de la macro Amazonía Colombiana – ONIC. En uso de los mandatos y facultades que nos conceden nuestras Asambleas de Autoridades, Ley de Origen y Estatutos, reafirmadas por la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas.
DECLARAMOS:
PRIMERO: Que ratificamos nuestro compromiso de unidad, autonomía y defensa del Amazonas, pulmón del mundo conectado con las cuencas y bosques Andinos, de la Orinoquia, Pacífico y Atlántico. Territorio ancestral y sagrado intocable que equilibra el clima, el agua y la vida, y que protegemos por milenios, para preservar la
vida planetaria y nuestra supervivencia.
SEGUNDO: Que somos parte de la Amazonía y su futuro, y reafirmamos nuestra interdependencia vital y milenaria con sus cuencas, biodiversidad y saberes tradicionales, así como nuestra autoridad tradicional y ambiental sobre ella.
TERCERO: Que reafirmamos a la consulta previa como derecho necesario para nuestra pervivencia y la de la selva, que debe buscar la concertación respetando nuestros tiempos, Leyes propias, planes de vida y salvaguarda, garantizando transparencia total en la información de los proyectos, y en la valoración conjunta de sus riesgos, compensaciones y beneficios para nuestros pueblos.
CUARTO: Que nuestros territorios deben ser libres de proyectos minero – energéticos y otros que amenacen nuestra autonomía e integridad y la de nuestras selvas, por lo que la consulta previa no puede utilizarse para validar el derecho a contaminar y despojar, sino para proteger nuestra pervivencia y la de la Selva.
QUINTO: Que rechazamos normas, políticas o proyectos que en materia agraria, ambiental o de otra índole, afecten nuestro territorio y no se concerten con nuestras Asambleas de autoridades. Las Consultas Previas se harán de acuerdo a nuestra cultura y tradiciones; respetando nuestros derechos, realidades y necesidades, con horizontalidad, sin estigmatizaciones ni engaños.
SEXTO: Que persiste en Colombia, la visión de los pueblos indígenas como meros destinatarios o sujetos pasivos, de las políticas ambientales y territoriales estatales, ignorando avances como la Declaración Conjunta de Intención – DCI y fallos de la Corte Constitucional, que reafirman nuestro rol como constructores, implementadores y evaluadores de estas, y protagonistas en la lucha mundial contra la deforestación y el cambio climático.
Por lo que DENUNCIAMOS:
PRIMERO: Declaraciones oficiales sobre cuidado de la Amazonía como el reciente Pacto por la Amazonia – 2019, suscrito entre los Presidentes de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil, que apenas menciona a nuestros pueblos indígenas, invisibilizando nuestra presencia y aporte ancestral a su cuidado, y excluyendo nuestros saberes tradicionales y capacidades, de las nuevas propuestas para preservar su futuro.
SEGUNDO: El gobierno colombiano aun no acepta la conexión entre la formalización de territorios ancestrales, el reconocimiento de la autoridad indígena ambiental y lucha contra la deforestación y el cambio climático (YA SOMOS UN AREA PROTEGIDA, SAGRADA Y ANCESTRAL), como tampoco el rol de las empresas y la industria extractiva en el incremento del fenómeno.
TERCERO: El papel del gobierno y el sector privado en la imposición de modelos de gestión ambiental y territorial, así como de estrategias de explotación de recursos naturales, amenazan el futuro de la selva y nuestros pueblos, burlando nuestros planes de vida y salvaguarda, envenenando y privatizando nuestras cuencas, tierras y semillas, y empobreciendo, enfermando y desarraigando a nuestras comunidades y exponiendo a nuestros pueblos no contactados, en nombre de un desarrollo sin beneficios para la vida.
CUARTO: El desconocimiento de la autoridad ancestral sobre nuestro ordenamiento territorial, por parte del gobierno y el sector privado, al momento de proyectar bloques petroleros, polígonos mineros, concesiones viales, hidroeléctricas y otro tipo de obras y actividades industriales, mientras presiona nuevas delimitaciones ambientales para restringir nuestra autonomía y uso de saberes tradicionales en su cuidado.
QUINTO: La presencia fragmentada y descoordinada en la región, de las entidades que integran el Sistema Nacional Ambiental – SINA, como la ANLA, Parques Naturales y Corpoamazonía; que favorecen la llegada indiscriminada de proyectos industriales a la selva y nuestros territorios, sin los estudios y planes conjuntos de manejo ambiental, para la expedición prudente de licencias ambientales.
SEXTO: El silencio, descoordinación e intermitencia del Ministerio Público a nivel nacional, regional y local, para investigar a los responsables de la deforestación, megaproyectos y daños socioambientales de la Amazonía, amenaza su futuro y el de nuestros pueblos.
SEPTIMO: La omisión de las Direcciones de Consulta Previa y de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, en su función de garantizar el derecho a la consulta previa en nuestros territorios, acorde a los Fallos de la Corte Constitucional, las normas colombianas y las Leyes de Origen de nuestros pueblos, es un riesgo a nuestra pervivencia y la de la selva.
OCTAVO: El desacato del gobierno nacional, de los Fallos y Autos de la Corte Constitucional que ordenan garantizar nuestros derechos de pervivencia, autonomía y consulta previa, y a la preservación de nuestros bosques y cuencas, prolonga nuestra situación de revictimización e impunidad, e incrementa nuestro riesgo de extinción y el de la gran madre selva.
NOVENO: Los intentos del gobierno nacional, de reglamentar del derecho fundamental a la Consulta Previa con los gremios económicos del país, y de espaldas a nuestros pueblos, como lo hizo con la Directiva Presidencial 10 de 2013 que reduce este derecho a meros trámites administrativos.
Por lo que SOLICITAMOS:
A los entes de control estatal y Defensoría del Pueblo, A las gobernaciones y Alcaldías de la región, al gobierno nacional y de forma especial a los Ministerios del Interior, Transporte, Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía y Transporte.
A CORPOAMAZONÍA, Parques Naturales, Agencia Nacional de Tierras – ANT, Agencia Nacional de Desarrollo Rural -ADR, Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH, Agencia Nacional de Infraestructura, ECOPETROL e INVIAS.
Al Congreso de la Republica y a la Corte Constitucional Colombiana.
PRIMERO: Los controles y medidas para el cumplimiento articulado, efectivo y material del Capítulo Étnico de los acuerdos de paz, del Capítulo Indígena del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y de los Acuerdos de la Minga Nacional por la Vida 2019 suscritos entre el gobierno y la ONIC, en materia de consulta previa,
ambiental, agraria, y minero-energética.
SEGUNDO: Los controles y medidas necesarios para garantizar consultas previas respetuosas de nuestros tiempos, ley de origen, planes de vida y salvaguarda, ante cualquier norma, política o programa público o privado, de orden ambiental, agrario u otra índole, y de iniciativa local, departamental, regional, nacional o internacional, que puedan afectar nuestros territorios, bosques y cuencas y nuestro modo de vida.
TERCERO: La formulación por parte del Ministerio del Medio Ambiente, de un plan conjunto e intersectorial de protección de la Amazonía y sus territorios ancestrales, que incluya a cada una de nuestras autoridades y comunidades en su formulación, implementación y evaluación y a las diversas ramas y niveles de gestión pública territorial de Colombia.
CUARTO: El reconocimiento por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Parques Nacionales Naturales, de nuestra autoridad indígena ambiental en la administración propia de las áreas de parques naturales y demás áreas protegidas, que traslapan con nuestros territorios ancestrales amazónicos.
QUINTO: Las garantías y acompañamiento necesario, para avanzar hacía la participación protagónica de nuestras organizaciones, como formuladoras e implementadoras de proyectos financiados por fondos ambientales aplicables a Colombia, y por diversos convenios de cooperación ambiental y de lucha contra el
cambio climático y la deforestación.
SEXTO: La exclusión del bioma amazónico, de normas y Tratados Comerciales e internacionales que busquen privatizar, capitalizar, expropiar y restringir el libre acceso y autonomía de nuestros pueblos, sobre los bosques y cuencas, y sobre nuestras semillas y saberes propios tradicionales.
SEPTIMO: Las Audiencias, ampliaciones, controles políticos e investigaciones ambientales, judiciales, disciplinarias y fiscales pertinentes, frente a las denuncias presentadas.
OCTAVO: La reformulación participativa de Programas Gubernamentales como Visión Amazonía, de acuerdo a las necesidades, realidades y problemáticas de nuestros pueblos y del Bioma amazónico, y con enfoques y propuestas respetuosas de nuestras Leyes, planes de vida y salvaguarda.
NOVENO: la suspensión de cualquier proceso de subasta, proyección, delimitación, licenciamiento, exploración y/ o explotación de hidrocarburos, minera o hidroeléctrica en el bioma amazónico y en nuestros territorios ancestrales.
Comuníquese, publíquese y cúmplase,
Dado en Leticia – Amazonas, a los 02 días del mes de octubre de 2019.
AUTORIDADES TRADICIONALES DE AIPEA, ACITAM, ATICOYA, AZCAITA, AZCICATH, ASOITAM, CIMPUM Y CIMTAR
