RIESGO INMINENTE DE DESALOJO ILEGAL Y DESPLAZAMIENTO FORZADO DE 37 COMUNIDADES WAYUU DE RIOHACHA

1. Hoy 02 de mayo de 2023, esta Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONIC, se reunión en Bogotá con una comisión de 10 delegados de 37 comunidades wayuu de Riohacha – La Guajira, revictimizadas por una estrategia de despojo masivo de territorios ancestrales para desarrollo de proyectos comerciales y privados, que en el último año ya dejó más de cien (100) familias wayuu desplazadas y sin reubicación, asistencia humanitaria, reparación o investigación (comunidades Santa Clara, Wayukaiso y Cachakamejia, desalojadas en presencia de la Personería Alcaldía y Defensoría del Pueblo).

2. Son más de mil (1.000) familias wayuu conformadas en su mayoría por mujeres, menores de edad y adultos mayores, que habitan ancestralmente todas estas comunidades, a lo largo de unas trescientas hectáreas en Riohacha, conectadas además con el sistema de sitios sagrados denominado Línea Negra – Seshiza, reconocido por el Decreto Presidencial 1500 de 2018.

3. Mediante ordenes policivas, hostigamientos policiales sin orden judicial, denuncias penales, amenazas de grupos armados ilegales y agresiones del ESMAD de la Policía, se ha venido obligando a aprox. 37 comunidades Wayuu de Riohacha (más la comunidad Tuctu de Maicao) a abandonar de inmediato y en forma definitiva su territorio, en donde siempre han estado sus viviendas, sitios sagrados, zonas de pastoreo cultivos y/o fuentes de agua. 

4. Sin ningún control ni vigilancia han venido apareciendo en los últimos años cientos de predios privados registrados en territorios ancestrales (que constitucionalmente son inembargables, inalienables e intransferibles), a nombre de empresas, familias y demás particulares, mientras se construyen obras públicas sin consulta previa en los mismos, como la Cárcel de Riohacha y la sede de PROMIGAS en la comunidad Gualinai (km 2 vía Riohacha – Santamarta).

5. Entre las comunidades revictimizadas están: Wayucaiso, Cachakamejia, Sumaiwayuu, Galilea, Gualinai, Lamacoya, Potrerito 1 y 2, Betania, Montesinai, Berlín, Rumumana, Rorolomashi, Unaalumana, kaijoluumana, Los Olivos, Santa Rosa, Lagunita, Cuatro Bocas, Campo Alegre, Jirawaikat, Jamaikat, Cari Cari 2, Apunimana 1 y 2, El Propio Patròn, Villa Fátima, San Rafael, Refugio, Jarijiramana, Walapaijamana, Juan de Aragòn, Sirnapumana, Apalashimana, Carmito, Espinal y Tuctu, esta última del municipio de Maicao.

6. El Pueblo Nación Wayuu de La Guajira ha sido declarado victima histórica y colectiva de múltiples violencias y omisiones estatales, y en riesgo de extinción física y cultural por varias disposiciones judiciales como el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, que ha insistido por años en su protección y atención estatal de forma urgente y prioritaria, pero sin mayor resultado.

 7. A pesar de la firma del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz hace siete años, aún persisten las violencias y re victimización contra pueblos indígenas como el Pueblo Wayuu de La Guajira, a manos de la fuerza pública, grupos ilegales, instancias gubernamentales y particulares (aprox. 4.688 violaciones entre 2017 y 2022, según el Observatorio de la ONIC).

8. La Guajira es uno de los Departamentos que lidera las cifras de desigualdad, violencia y corrupción en Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

SOLICITUD

Desde la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y en atención a los hechos mencionados, solicitamos:

1. A la Inspección de Policía y Alcaldía Municipal de Riohacha: la suspensión inmediata de las ordenes y diligencias de lanzamiento de las familias wayuu pertenecientes a las comunidades afectadas, hasta que no se investigue su legalidad y procedimientos, con el Gobierno y Ministerio Público a nivel nacional.

2. A la Personería Municipal de Riohacha: suspender su apoyo a acciones de despojo de comunidades wayuu de sus territorios ancestrales hasta tanto el ministerio público y gobierno nacional no investiguen a fondo la legalidad de estas.

3. Al Ministerio del interior, Prosperidad Social y la Unidad de Gestión del Riesgo: Coordinar de manera inmediata las acciones interinstitucionales necesarias para proteger a las comunidades en riesgo de desplazamiento por desalojos y agresiones, así como la asistencia humanitaria y retorno de las comunidades ya desalojadas y desplazadas. 

4. A la Defensoría del Pueblo a nivel nacional: La emisión de alertas tempranas y asesoría, para proteger a las comunidades en riesgo de despojo y desplazamiento y asistir humanitariamente a las que ha sido desplazadas.

5. Al Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y Procuraduría General de la Nación: El seguimiento e investigación a las entidades y funcionarios involucrados en procesos ilegales de despojo contra la población indígena. Ordenar la suspensión de este tipo de actividades de terceros en territorios ancestrales e investigar la forma como se privatizan tierras indígenas para fines privados de terceros en Riohacha.

6. Al Ministerio de Agricultura, IGAC y Agencia Nacional de Tierras: Suspender cualquier registro de predios privados en territorios ancestrales (inembargables, inalienables e intransferibles) e investigar los casos de predios con traslape ilegal en las citadas comunidades, para las revocatorias administrativas de rigor.

7. A la Alta Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la Republica: la adopción de medidas urgentes en coordinación con las demás entidades descritas, para evitar actos de despojo y agresión de la fuerza pública en territorios ancestrales y contra las familias que los habitan, acorde a las recomendaciones e instrumentos internacionales sobre la materia.

8. A las comisiones de Paz y DDHH de Cámara y Senado: Programar el debate político frente al cartel y estrategia de despojo de tierras indígenas en La Guajira.

9. A los organismos internacionales de los sistemas universal e interamericano de DDHH: el seguimiento a la actuación del Estado frente a lo denunciado, los llamamientos convencionales de rigor, la inclusión de la denuncia en sus informes internacionales sobre Colombia y el apoyo humanitario convenido en los mandatos de sus oficinas en Colombia.