El día 3 de marzo de 2020, el Consejo de Estado confirmó sentencia de primera instancia promovida por el pueblo indígena Yukpa, donde suspende futuros proyectos Minero energéticos, licencias ambientales y la sustracciones de la zona de reserva forestal de la Serranía de los motilones y el Río Magdalena en territorios ancestrales Yukpa.
Fue una pelea de David contra Goliat, solo con la razón y con acervos probatorios, las empresas y los ministerios intervinieron y pagaron cientos de millones de pesos en abogados para tumbar la sentencia, pero al final se hizo justicia.
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